Convertir la actividad minera en uno de los ejes productivos del país, donde el Estado se encargue de administrar toda la cadena productiva minera, en la perspectiva de alcanzar la anhelada industrialización de nuestros recursos, con mejor capacidad de producción, control y fiscalización y mayor participación en la renta minera, para beneficio sostenible y distribución justa de los excedentes.