La minería ha sido el eje económico y social de Bolivia desde el periodo colonial. El descubrimiento y la explotación intensiva de la plata del Cerro Rico de Potosí en el siglo XVI integraron al territorio al sistema mundial, moldeando su demografía, su fiscalidad y su infraestructura. En la era republicana, tras la declinación de la plata a fines del siglo XIX, el país transitó al ciclo del estaño durante el siglo XX, dominado por empresas privadas de gran escala. Un punto de inflexión llegó con la Revolución de 1952: el Estado nacionalizó las grandes minas de los “barones del estaño” (Patiño, Hochschild y Aramayo) y creó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) para administrar los yacimientos estratégicos y coordinar la cadena minera estatal. Esta transformación consolidó al sector como columna vertebral del empleo y las finanzas públicas por varias décadas. La crisis de los años 80 y el desplome de precios provocaron un ajuste estructural: el Decreto Supremo 21060 (1985) redujo drásticamente la minería estatal y relocalizó a decenas de miles de trabajadores. Desde entonces, el mapa productivo se reconfiguró en tres pilares: (i) empresas estatales remanentes y reactivadas (p. ej., Huanuni, Colquiri, fundiciones como Vinto), (ii) minería mediana y grande privada/mixta, y (iii) minería cooperativa y chica, que ganó peso en empleo y en ciertas producciones, especialmente oro. En el plano institucional reciente, la Constitución de 2009 reafirmó el dominio estatal sobre los recursos naturales y en 2014 se promulgó la Ley N.º 535 de Minería y Metalurgia, que regula toda la actividad minero-metalúrgica (exploración, explotación, concentración, fundición, refinación y comercialización), define categorías de actores (estatal, privada, cooperativa) y establece la arquitectura regulatoria del sector (Ministerio de Minería y Metalurgia, COMIBOL, Autoridad Minera, SENARECOM, SERGEOMIN, entre otros).