El Contrato Administrativo Minero (CAM) es un instrumento legal por el cual el Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del pueblo boliviano, mediante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) otorga a un Actor Productivo Minero (APM): empresa pública, privada o cooperativa minera la facultad de realizar actividades de la cadena productiva minera, señaladas en el Artículo 10 de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia.